Maine, Washington y una ciudad de Michigan someterán a consulta popular la validez de las uniones homosexuales y los alcances de una ley antidiscriminatoria.

Cuando en noviembre próximo se cumpla un año del referendo popular que prohibió el matrimonio gay en California, dos estados norteamericanos (Maine y Washington) y una ciudad (Kalamazoo, Michigan) volverán a repetir consultas populares que decidirán la suerte de leyes favorables a gays y lesbianas.

En Maine, que aprobó el matrimonio homosexual este año, la ley debía entrar en vigencia días atrás, pero fue postergada luego de que grupos conservadores obtuvieran la cantidad de firmas necesarias para convocar a un referendo.

En ese estado de Nueva Inglaterra, la campaña “antigay” (financiada en su mayormente por la organización Protect Marriage) ya ha gastado unos 350.000 dólares (cerca de 240.000 euros) en anuncios televisivos destinados a convencer a los ciudadanos. La consulta tendrá lugar en noviembre y los analistas no se animan a predecir un resultado.

No es matrimonio, pero igual se oponen

Ese mismo mes los electores de Washington (en la costa oeste del país) acudirán a las urnas convocados por una iniciativa similar pero para revocar una ley de parejas que no es estrictamente “matrimonio”.

Conocida como R-71, el plebiscito se propone revertir una ley que recientemente amplió los beneficios sociales para parejas del mismo sexo, una norma que los conservadores cuestionan porque sostienen que viola la prohibición estatal de matrimonio homosexual.

“Habrá victorias o derrotas”, dijo el senador estatal Ed Murray, uno de los legisladores abiertamente gays de Washington que impulsó la ley de uniones domésticas. “Existe la impresión de que como fue elegido un presidente demócrata y un congreso demócrata, la cuestión está resuelta (a favor de los derechos LGTB). Pero no es así”, evaluó Murray, incapaz de especular sobre cuál puede ser el resultado de las consultas.

Lo cierto es que, más allá del desenlace, la discusión sobre la ley “gay” de Washington no ha estado exenta de controversias legales. Una de ellas es la relativa al carácter anónimo (o no) que deben tener los contribuyentes que aportan para las filas conservadoras. “Nadie debería sufrir actos de vandalismo o amenazas de muerte por apoyar el matrimonio tradicional”, declaró James Bopp Jr, de la organización Protect Marriage.

Sin embargo, hasta ahora la justicia del estado no ha aceptado hacer una excepción con los donantes conservadores. La ley de información pública exige que los nombres de todos aquellos que aporten fondos a una cuestión de interés público deben ser conocidos por la opinión pública.

Ley contra la discriminación, también cuestionada

Por último, la ciudad de Kalamazoo (Michigan) también será escenario de una consulta electoral luego de que grupos opuestos a los derechos de los homosexuales consiguieran respaldo judicial para frenar una ley antidiscriminatoria.

La norma, que estipulaba luchar contra la discriminación basada en identidad de género y orientación sexual en el ámbito laboral, debía entrar en vigencia el pasado mes de julio. Sin embargo, las asociaciones conservadoras se movilizaron con éxito para boicotearla y someterla a votación popular.

Fuentes: http://universogay.com/